Por Juan Pablo Ojeda
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una dura acusación contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al concluir que elementos del Ejército mexicano incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos por el asesinato de seis migrantes —provenientes de Egipto, El Salvador y Perú— ocurrido en octubre pasado en el estado de Chiapas.
Según la investigación realizada por el organismo autónomo, los militares hicieron un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza, al disparar contra un vehículo en el que viajaban las víctimas, sin realizar antes acciones disuasivas ni maniobras menos letales.
“Elementos militares incurrieron en uso excesivo de la fuerza mediante el empleo ilegítimo de armas de fuego al disparar contra el vehículo en el que se trasladaban las víctimas”, estableció la CNDH.
Ataque en Chiapas, en medio de pugnas criminales
El hecho ocurrió el 1 de octubre de 2024, el primer día del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando personal del Ejército patrullaba una carretera en Chiapas, entidad marcada por la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las rutas de tráfico de personas y drogas en la frontera sur.
La comisión determinó que, en total, seis personas migrantes murieron —entre ellas una menor de edad—, nueve resultaron heridas y otras 19 salieron ilesas, tras el ataque de los soldados mexicanos. Según el organismo, existen “indicios que convierten a dos de los militares en directamente responsables” de las muertes.
Además, los efectivos no comprobaron que el uso de armas de fuego fuera inevitable, y fallaron en aplicar medidas menos letales o verificar si había una amenaza real antes de abrir fuego.
Recomendaciones y contexto político
Ante estos hallazgos, la CNDH exigió a la Sedena reparar el daño a las víctimas y presentar un Protocolo de Atención a las Personas Migrantes, que incluya estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Este incidente pone presión adicional sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha sido clara en su negativa de “blindar” la frontera sur con presencia militar, a pesar de las exigencias del nuevo gobierno estadounidense. No obstante, ha mantenido la política migratoria heredada por Andrés Manuel López Obrador, en cuyo sexenio se desplegaron hasta 36 mil elementos militares para tareas de control migratorio.
El caso se suma a una serie de señalamientos a las fuerzas armadas mexicanas por presuntas violaciones de derechos humanos en tareas de seguridad pública y migración, lo que reaviva el debate sobre el papel del Ejército en funciones civiles.
