Presenta denuncia PAN ante la FEPADE por compra credenciales de elector en Edomex

CDMX a 24 de Marzo de 2017.- El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra quienes resulten responsables por la compra de 3 mil credenciales de elector en municipios mexiquenses, principalmente en Atlacomulco.

“Acudimos ante la FEPADE a denunciar que el PRI, a través de organizaciones como la CCI, está condicionando el apoyo a cambio del voto, lo cual es inmoral y constitutivo de delito. Le hemos pedido a la Fiscalía que ponga toda la atención en esta carpeta de investigación y se consigne cuanto antes a los responsables”, detalló.

Al exigir al PRI jugar limpio y que deje de lucrar con la pobreza y con la necesidad de la gente, como suelen hacerlo en los procesos electorales, Ricardo Anaya detalló que la denuncia incluye una grabación del pasado 17 de marzo, en la que se escucha a la Secretaria General de la Central Campesina Independiente (CCI) y ex diputada federal por el PRI, Maricruz Cruz Morales, refiriendo que “dígase lo que se diga”, el dinero para comprar los diversos apoyos lo proporcionó el Presidente de la República.

En dicha fecha, la ex legisladora priista entregó a más de 3 mil beneficiarios, a cambio de su credencial para votar, material de vivienda, calentadores solares, kits de herramientas, paquetes de pollo,  verduras y de carnes, fertilizante orgánico, vales de fertilizante, subsidio para fertilizante químico y vales para subsidio de diésel agropecuario.

En la grabación, Maricruz Cruz Morales, quien es una de las principales lideresas de la CCI, organización fuertemente vinculada al PRI y descrita como parte de la “Gran Red Social del Estado de México”, a través de la cual se bajan programas sociales, presume que es gracias a su gestión que el Presidente Peña liberó los recursos económicos con los que se adquirieron los apoyos que se entregaron.

Por todo lo anterior, Maricruz Cruz Morales y los demás priistas que resulten involucrados configuran diversos delitos establecidos en el Código Penal Federal, la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General de Desarrollo Social.

Sobre las sanciones, el artículo 11 de Ley General de Delitos Electorales señala que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.

“Los dejamos trabajar, sí, pero no los vamos a dejar robar ni tampoco los vamos a dejar lucrar y abusar de la necesidad de la gente. Trabajar sí, robar no. Abusar y lucrar con la necesidad de la gente, no”, concluyó.

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